1. Desfinanciamiento de políticas de salud sexual y reproductiva

Uno de los principales obstáculos actuales es la reducción drástica del presupuesto y la paralización de programas estatales claves, entre ellos:

• Suspensión de la compra y distribución nacional de anticonceptivos, que impacta directamente en la prevención de embarazos no intencionales.

• Falta de provisión de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales para la práctica segura y ambulatoria de la IVE.

• Congelamiento de campañas de información pública sobre derechos sexuales y reproductivos, lo cual debilita la educación sanitaria, especialmente en zonas rurales o vulnerables.

Este desfinanciamiento limita tanto la prevención como la atención segura de las interrupciones de embarazo, y recarga a las provincias y municipios, que muchas veces no cuentan con recursos propios suficientes para sostener la atención integral.

2. Clima político adverso y retrocesos discursivos

Desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, se ha instalado un discurso oficial contrario a los derechos conquistados en materia de género y salud sexual. Ejemplos de esto son:

• La declaración pública del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de que en 2025 se presentará un proyecto para derogar la Ley 27.610.

• La celebración del «Día del niño por nacer» desde una perspectiva anti-derechos, con mensajes institucionales que desacreditan el aborto legal y estigmatizan a quienes lo practican.

• La eliminación de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del organigrama del Ministerio de Salud.

Este contexto genera temor en los equipos de salud, desalienta a profesionales que garantizan el derecho a la IVE y puede llevar a la auto-censura en ámbitos públicos.

3. Falta de insumos y barreras en el acceso territorial

Muchas provincias, especialmente en el norte del país, enfrentan interrupciones en la cadena de insumos médicos necesarios para realizar abortos seguros. También se reportan:

• Listas de espera extendidas, que demoran el acceso a la práctica dentro de los plazos legales.

• Zonas sin profesionales capacitados o dispuestos a garantizar el derecho, especialmente en áreas donde predomina la objeción de conciencia institucional.

• Obstáculos para el traslado de personas gestantes desde regiones rurales o alejadas de centros urbanos.

Esto genera desigualdades estructurales: mientras en algunas ciudades grandes se sigue garantizando el derecho a la IVE con relativa normalidad, en otras zonas se vulnera completamente.

4. Desinformación, estigmatización y violencia simbólica

En el clima actual, aumentan los discursos de odio y la desinformación en redes sociales y medios, lo que genera:

• Mayor estigmatización de las personas que abortan, especialmente si son jóvenes o de sectores populares.

• Dificultades para acceder a información clara, actualizada y confiable sobre el procedimiento.

• Hostigamiento o juicios morales hacia profesionales de la salud que garantizan la práctica.

Estas situaciones afectan la confianza en el sistema de salud, generan miedo o culpa en quienes necesitan abortar y reproducen entornos hostiles.

5. Sostenimiento del derecho desde las bases

A pesar de todos estos desafíos, el acceso a la IVE no ha sido eliminado, y sigue siendo legal gracias a la Ley 27.610. En este contexto, son los equipos de salud, organizaciones feministas, redes de acompañantes y profesionales comprometidxs quienes están sosteniendo el derecho desde abajo:

• Brindando información segura y acompañamiento en la toma de decisiones.

• Asegurando prácticas seguras, incluso con recursos limitados.

• Generando redes de solidaridad y resistencia frente a los retrocesos.

Esta resistencia cotidiana es clave para que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito siga siendo una realidad en Argentina, incluso en un contexto adverso.

OSPAT PARA TODOS