La Ley 27.610, promulgada en diciembre de 2020, garantiza en Argentina el derecho de las mujeres y personas gestantes a acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación. A partir de la semana 15, el aborto es legal en casos de violación o cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante.
Sin embargo, durante la actual administración del presidente Javier Milei, se han implementado políticas que afectan el acceso efectivo a la IVE. Informes recientes indican que el gobierno ha desfinanciado programas relacionados con la salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción en la provisión de métodos anticonceptivos e insumos para la IVE. Además, se ha observado una disminución en la distribución de anticonceptivos, afectando principalmente a las provincias más pobres y revirtiendo progresos en la reducción de embarazos no intencionales y mortalidad materna.
En diciembre de 2024, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció la intención del gobierno de enviar un proyecto de ley en 2025 para derogar la Ley 27.610. Aunque hasta marzo de 2025 no se ha presentado formalmente dicho proyecto, estas declaraciones han generado preocupación en diversos sectores de la sociedad.
A pesar de estos desafíos, profesionales de la salud y organizaciones sociales continúan trabajando para garantizar el acceso al aborto seguro y legal en Argentina. Sin embargo, enfrentan obstáculos como la falta de insumos y un ambiente político menos favorable.
Es fundamental que las personas gestantes estén informadas sobre sus derechos y los recursos disponibles en sus localidades. Se recomienda contactar a organizaciones locales y profesionales de la salud comprometidos con la garantía de estos derechos para obtener información actualizada y apoyo en el acceso a la IVE.
OSPAT PARA TODOS
